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17-03-2009 madri+d
Los ciclomotores pueden resultar peligrosos si se alteran sus características, como la limitación de velocidad con que se comercializan estos vehículos, que no deben superar los 45 km/h según las condiciones establecidas en la Directiva 95/01 CE.
Sin embargo, muchos ciclomotores que circulan por las vías públicas están "trucados", modificados para alcanzar velocidades cercanas a los 100 km/h, con el riesgo que eso entraña para el tráfico.
Dichas modificaciones son relativamente baratas y en muchos casos tan sencillas que el propio usuario sin grandes conocimientos mecánicos puede realizarlas por sí mismo, según han constatado los investigadores de la UC3M que han ideado un método y desarrollado los medios para poder verificar en la velocidad que es capaz de alcanzar un ciclomotor, algo que hasta ahora no se podía hacer porque en estas instalaciones no se podían reproducir las condiciones de la citada directiva ni medir directamente este parámetro.
Para resolver este problema, los científicos plantearon medir la velocidad mediante un rodillo libre, sin carga. "Este tipo de rodillos son baratos de fabricar, fáciles de mantener y muy sencillos de calibrar, por lo que para las ITV resultan muy convenientes", indica José Antonio Calvo, que ha dirigido esta investigación del Grupo de Mecánica Experimental, Cálculo y Transportes (MECATRAN) de la UC3M, patrocinada por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) con fondos del Ministerio de Industria.
El siguiente paso consistía en establecer cuál es la velocidad máxima admisible en un rodillo de este tipo que equivaliese a los 45 km/h de la prueba en condiciones de la norma jurídica, para lo que los científicos realizaron una batería de ensayos, con casi medio centenar de ciclomotores, para obtener una curva de correlación y un valor representativo por encima del cual el vehículo sería rechazado en la ITV.
Los resultados de esta investigación se han publicado en el Journal of Automobile Engineering bajo el título Procedure to verify the maximum speed of automatic transmission mopeds in periodic motor vehicle inspections.
150 FALLECIDOS AL AÑO POR EXCESO DE VELOCIDAD
Con este nuevo sistema es posible comprobar si el vehículo es capaz de superar en las condiciones de ensayo su velocidad máxima legal, que no la velocidad máxima real, que depende de muchos factores, como la pendiente de la carretera, el estado de los neumáticos, la velocidad y dirección del viento, el estado del motor, etc. Este "velocímetro de motocicletas" podría colaborar a reducir la cifra de 156 fallecidos al año por exceso de velocidad en ciclomotores, según se deduce del informe "Safety Barometer", publicado por FITSA. Este estudio indica que en 2005 se produjeron 17.635 accidentes en los que un ciclomotor estaba involucrado, con 313 fallecidos como consecuencia.
Además, señala que al menos en el 50 por ciento de los casos analizados la causa principal del accidente fue un exceso de velocidad.
Todos los centros de ITV están obligados por ley (RD. 711/2006) a poseer un banco de rodillos para la medida de la velocidad en ciclomotores, pero los plazos de implantación dependen de las Direcciones Generales de Industria de cada Comunidad Autónoma. En Madrid, por ejemplo, están ya operativas desde enero de 2008. "Esta prueba de velocidad se ha implantado a raíz de nuestro estudio, porque hasta ahora no se realizaba", comenta el profesor del departamento de Ingeniería Mecánica de la UC3M, José Antonio Calvo. Cuando se desarrolló el proyecto ya se estableció que para que esta medida fuese efectiva, deberían hacerse controles a pie de carretera, similares a los controles de alcoholemia, para evitar la picaresca que se produce en estas revisiones, porque para el usuario resulta sencillo limitar el vehículo para pasar la ITV y luego quitar la limitación. "La mayoría de los bancos instalados en las ITV son portátiles, se pueden llevar en una furgoneta y hacer la prueba en el arcén de la carretera sin ningún problema - explica el profesor-. El siguiente paso - añade- es que la administración competente tenga la voluntad de hacerlo".
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